El Servicio de Administración Tributaria confirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego realizó un primer pago de 10,400 millones de pesos como parte de un acuerdo para liquidar una deuda total de 32,133 millones que tiene con Hacienda.
Esta cifra implica un “descuento” cercano al 37 por ciento respecto del monto originalmente determinado por el fisco, derivado de la aplicación de beneficios legales por pago voluntario en recargos y multas.
El acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, validado por la Secretaría de Hacienda, establece que el adeudo restante será cubierto en 18 parcialidades, conforme a lo que permite el Código Fiscal de la Federación cuando los créditos fiscales ya son firmes y el contribuyente decide regularizarse.
Hacienda señaló específicamente que no se trata de una condonación de impuestos, sino de un ajuste previsto en la ley para quienes cumplen, aunque sea después de años de litigio.
Los adeudos de Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca, se remontan a ejercicios fiscales de hace más de una década, relacionados con impuestos federales que el SAT determinó como omitidos.
A partir de ahí, los créditos fiscales comenzaron a crecer por recargos, actualizaciones e intereses, elevando de forma considerable al monto original, hasta alcanzar los 51 mil millones de pesos.
Desde entonces, el empresario optó por una estrategia de litigio sistemático, interponiendo amparos, recursos administrativos y juicios ante distintas instancias.
Durante años, el caso avanzó lentamente en tribunales, mientras el adeudo se mantenía en disputa y se convertía en uno de los expedientes fiscales más relevantes y simbólicos del país, tanto por el monto como por el alto perfil del contribuyente.
El conflicto dejó de ser exclusivamente jurídico para convertirse en un enfrentamiento político y mediático.
Ricardo Salinas Pliego utilizó de manera recurrente sus redes sociales y espacios públicos para acusar al SAT y al Gobierno federal de persecución fiscal, abuso de poder e intentos de “cobro indebido”.
Del otro lado, Hacienda sostuvo que se trataba de créditos fiscales firmes, avalados por resoluciones judiciales, y que el empresario simplemente había postergado el pago.
La tensión escaló en los últimos años, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó diversos recursos promovidos por empresas de Grupo Salinas, lo que cerró la puerta a nuevas impugnaciones.
Con los fallos en contra y sin margen legal para seguir retrasando el cumplimiento, el escenario se volvió inevitable: pagar o enfrentar consecuencias mayores, incluyendo embargos y sanciones adicionales.
