El reciente golpe de Corinna Larsen, amiga íntima de Juan Carlos, a la corona

“He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante, estas personas trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios, me han robado documentos personales y se ha emprendido una campaña de desinformación para destruir mi reputación”, aseguró.

De acuerdo con Corinna, esto inició a raíz de que supuestamente poseía documentos comprometedores para el Estado: “Ciertas personas en la Casa Real y los servicios secretos en España crearon una ficción de que poseo amplios secretos de Estado para justificar su campaña abusiva contra mí y mis hijos, durante ocho años. Una campaña que continúa hoy y que está diseñada para encubrir la maldad de otros. Alguien tuvo que firmar los fondos significativos necesario para esta operación”.

Al parecer, todo esto fue orquestado por los servicios secretos españoles, según Corinna lo hicieron con el consentimiento de la Casa Real, que supuestamente no ha hecho nada ante las quejas y solicitudes que ella les ha enviado durante los últimos años.

“Nos hemos comunicado con la Casa real muchas veces, a través de canales formales para pedirles que pongan fin a la campaña de abuso. Está en poder de la familia real detener esto, pero han decidido no hacerlo, una decisión que habla por sí sola. El camino legal ahora es inevitable”.

Según Corinna, la decisión del rey Felipe VI de retirar la asignación económica anual a su papá, y luego renunciar a su herencia, fue una manera de evitar alguna responsabilidad, ya que el monarca aparecía como el segundo beneficiario de la fundación panameña Lucum, que, además, sería el origen de las operaciones ilegales de Juan Carlos.

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Corinna le envió una carta al rey , donde le pidió que detuviera la campaña en su contra, además de ponerlo al tanto de la situación de la Fundación Lucum, pero la respuesta de la Casa Real no era precisamente lo que ella esperaba: “Dijo que ninguno de los asuntos que planteaba le preocupaba”, señaló.

Al mismo tiempo, los negocios del rey emérito y su hijo, el rey Felipe VI podrían no estar dentro de la legalidad o en los marcos de transparencia e integridad de la monarquía, y es que, están en la mira de la Fiscalía del Supremo.

De acuerdo con la revista Vanity Fair España, las autoridades están resolviendo qué podría pasar con la figura de Juan Carlos, en el caso de que se compruebe el cobro de comisiones ilegales saudíes en la negociación que otorgó al Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina la licitación para la construcción del AVE del desierto, y que en dicha transacción el rey emérito pudo beneficiarse con entre 65 y 80 millones de euros.

Al mismo tiempo, inició una investigación que se centra en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que, ocurrieron después de junio de 2014, cuando el rey dejó de estar protegido por la inviolabilidad constitucional. Esto quiere decir que, existe la posibilidad de que un tribunal español podría juzgar a Juan Carlos por delitos económicos, en caso de que se reunieran las pruebas necesarias.

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