Pese a los resultados, los abogados del rey declararon que existen argumentos jurídicos para justificar que una paternidad legal no es necesariamente el reflejo de una paternidad biológica, así que el resultado de la prueba todavía podría discutirse.

Los abogados del monarca entre 1993 y 2013 se cuidaron en su comunicado de precisar que Alberto II "no estaba implicado en ninguna decisión familiar, social o educativa" sobre su hija y lamenta que el proceso legal, iniciado en 2013, "no respetó la vida privada de las partes".