La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó este 23 de enero las diligencias de investigación preprocesal abiertas contra el cantante Julio Iglesias por la denuncia presentada por dos exempleadas por presuntos delitos de agresión sexual , trata de personas, acoso sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales.
La decisión se basa en la falta de competencia de los tribunales españoles y sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones.
El decreto de archivo, dictado hoy, subraya que los hechos denunciados ocurrieron entre enero y octubre de 2021 en residencias privadas del cantante en República Dominicana y Bahamas.
Según la Fiscalía, se aplica el principio de territorialidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial: los tribunales españoles solo investigan hechos cometidos en territorio nacional o en casos excepcionales de extraterritorialidad muy limitados. No se cumplen requisitos para activar el principio de personalidad activa (nacionalidad española de víctimas o imputado con vínculos relevantes) ni la jurisdicción universal (restringida desde la reforma de 2014). Las denunciantes no son españolas ni residentes en España, carecen de vínculos con el país, Julio Iglesias no reside actualmente en territorio español, y no hay denegación de extradición ni renuncia de los Estados competentes (República Dominicana y Bahamas) a ejercer su jurisdicción.
La Fiscalía cita jurisprudencia del Tribunal Supremo: la jurisdicción universal es residual y subsidiaria; solo procede si el Estado competente no puede o no quiere actuar, lo que no ocurre aquí. Investigar sin estos vínculos supondría una injerencia indebida en la soberanía de otros países.
Sin embargo, se aclaró que el archivo no produce efectos como caso juzgado: las denunciantes pueden reproducir la denuncia en los países donde ocurrieron los hechos (República Dominicana y Bahamas), donde sí tendría competencia territorial.
Las acusaciones contra Julio Iglesias fueron hechas por dos mujeres , exempleadas domésticas, una del servicio y una fisioterapeuta, que alegan haber sufrido explotación laboral, servidumbre, control constante, revisión de celulares, prohibiciones, acoso y agresiones sexuales en un ambiente de intimidación, con participación de encargadas de las residencias.
