Julio Iglesias pide archivar la denuncia por agresión sexual presentada por dos exempleadas

Julio Iglesias pide archivar la denuncia por agresión sexual presentada por dos exempleadas

"La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional para el cantante, de 82 años", indicó el abogado del cantante José Antonio Choclán en su escrito dirigido a la Fiscalía de esta instancia especializada en asuntos sensibles, con sede en Madrid.

Dos exempleadas del artista presentaron una denuncia en España el pasado 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso penetraciones no consentidas. De acuerdo con las investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

La razón por la que Julio Iglesias pide que se archive la denuncia en su contra

El abogado del cantante defiende, por ello, pide que se archive la denuncia, ya que los presuntos delitos "deben perseguirse en el lugar de comisión" y que, sólo en caso de que eso no sea posible, entonces "podrían ser, eventualmente, perseguibles en España".

Tampoco las denunciantes son españolas "ni residen habitualmente en España", agrega.

"No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente", continúa.

Las oeneges Women's Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos.

Las dos denunciantes deben ser escuchadas próximamente por la justicia española, que les concedió el estatuto de testigos protegidos, según las asociaciones.