Inés Gómez Mont tendrá que permanecer en un centro de detención migratoria en Florida, luego de que un juez federal rechazara el recurso de habeas corpus (un procedimiento legal que protege la libertad personal) que presentó para intentar recuperar su libertad.
La resolución representa un fracaso para la conductora, quien ahora deberá recurrir a otra instancia si quiere obtener una salida bajo fianza mientras se resuelve su situación migratoria en Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada por Reforma, la decisión se tomó este jueves 5 de noviembre. Jeffrey Kuntz, juez de la Corte para el Distrito Sur de Florida, consideró que la solicitud presentada por Inés Gómez Mont el pasado 31 de octubre no era la vía adecuada para conseguir su liberación.
El juez determinó que Gómez Mont debe solicitar una audiencia ante un juez migratorio, quien sí tiene facultades para analizar una petición de libertad bajo fianza. Estos funcionarios, sin embargo, forman parte de la estructura administrativa migratoria y no del Poder Judicial estadounidense.
Por el momento, la conductora permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Broward Transitional Center, un centro de detención para inmigrantes ubicado en Florida. Su nombre continúa apareciendo en el registro oficial de la dependencia.
Con el recurso de habeas corpus, la conductora también buscaba impedir que las autoridades la trasladaran a otro centro de detención. En su solicitud incluyó información sobre el tratamiento médico de una de sus hijas, con el argumento de que necesitaba permanecer en la zona de Miami.
Después del rechazo de este primer recurso, su defensa tendrá que solicitar una audiencia ante un juez migratorio. En ese procedimiento se analizará si cumple con los requisitos para obtener la libertad bajo fianza mientras continúa el proceso relacionado con su estancia en Estados Unidos.
El caso de Inés Gómez Mont está relacionado con un señalamiento de inadmisibilidad migratoria. Esto significa que las autoridades estadounidenses consideran que no reúne las condiciones necesarias para permanecer legalmente en ese país.
Entre los argumentos que aparecen en el expediente está que habría ingresado a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria y que actualmente no cuenta con un documento vigente que autorice su estancia, como una visa o un permiso de trabajo.
Según los antecedentes citados por Reforma, la conductora, quien tiene nacionalidad mexicana y española, ingresó a territorio estadounidense en julio de 2021 sin inspección migratoria. Antes de ese viaje, ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, habían entrado al país con visas de turista el 14 de enero de ese mismo año.
Posteriormente, el matrimonio viajó a Bahamas el 9 de julio y regresó al día siguiente en barco. De acuerdo con la información del expediente, durante ese ingreso sus documentos no fueron revisados por un agente migratorio.
Un año después, el 11 de julio de 2022, Álvarez Puga solicitó asilo en Estados Unidos. Hasta ahora no se conoce si Inés Gómez Mont presentó una petición similar.
La situación migratoria de la conductora en Estados Unidos es distinta de las investigaciones que enfrenta en México. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en el país.
Tanto ella como su esposo son investigados por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Sin embargo, es importante distinguir ambos procedimientos: la detención de Inés en Florida no ocurrió a petición de las autoridades mexicanas, sino por cuestiones relacionadas con su situación migratoria en Estados Unidos.
El esposo de Inés Gómez Mont también enfrentó un procedimiento migratorio en Estados Unidos. Fue detenido en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza por decisión de un juez migratorio. A pesar de ello, continúa con un litigio para evitar su deportación.
Por otra parte, las autoridades mexicanas solicitaron la extradición de la pareja hace más de un año. No obstante, según la información publicada por Reforma, hasta el momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había iniciado el procedimiento correspondiente ante la Corte Federal de Miami.
