La relación entre Cazzu y su expareja, el también artista Christian Nodal, ha estado bajo los reflectores debido a diferencias sobre la crianza y los permisos para que su hija menor viaje con su madre.
La aparente falta de consentimiento del padre para los desplazamientos de la niña generó complicaciones legales que afectaron la agenda profesional de Cazzu, quien debe viajar constantemente por trabajo.
Este conflicto familiar se convirtió en el punto de partida de una iniciativa ciudadana conocida como la “Ley Cazzu”, que busca reformar la legislación vigente para permitir que madres y padres con custodia puedan movilizar a sus hijos de manera más ágil, sin depender constantemente de la autorización del otro progenitor.
La propuesta plantea que, en casos de inasistencia o negativa de uno de los padres, el progenitor responsable tenga permisos de viaje permanentes, reduciendo la carga burocrática y garantizando derechos de circulación para la crianza.
La iniciativa surgió tras el caso público de la artista Cazzu y su disputa legal con Christian Nodal, padre de su hija, quien no firmó los permisos necesarios para que la menor viajara con su madre, un requisito que según Cazzu le impidió desempeñarse profesionalmente en giras fuera del país.
La propuesta, alojada en Change.org, plantea que, una vez comprobado el abandono o inasistencia parental, el progenitor con la custodia tenga un permiso de viaje permanente para acompañar al menor, sin necesidad de múltiples autorizaciones ni trámites judiciales recurrentes.
"La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos", menciona la descripción en la plataforma.
Esto, según los impulsores de la ley, reduciría la carga burocrática sobre familias monoparentales, garantizaría derechos de circulación y permitiría una crianza más estable.
Quienes apoyan la Ley Cazzu aseguran que su aprobación representaría un respaldo real a cientos de madres que, al no contar con el consentimiento del otro progenitor, se ven limitadas para trabajar, viajar o cuidar de sus hijos sin complicaciones legales.
El impulso de firmas continúa en línea, mientras crece el debate sobre los alcances de esta propuesta: algunos cuestionan qué tan viable sería modificar las leyes de protección infantil sin debilitar salvaguardas de seguridad; otros defienden la urgencia de adaptar normativas que respondan a nuevas realidades familiares.
