La entrevista que sacudió los cimientos de la monarquía británica hace un cuarto de siglo sigue causando estragos.
Tiggy Legge-Bourke, la antigua niñera de los príncipes William y Harry que cuidó de los dos niños durante el divorcio de sus padres, recibirá "una suma de dinero sustancial" por el daño que causó a su reputación el programa 'Panorama' en el que la princesa Diana confirmó la infidelidad de su esposo pronunciando la famosa frase: "En mi matrimonio éramos tres".
La cadena encargó el año pasado una investigación externa en torno a las tácticas que se usaron para conseguir la exclusiva con Lady Di. El informe final afirmaba que se le mostraron documentos falsos, como extractos bancarios, que apuntaban a que la familia real estaba pagando a allegados suyos para espiarla y que también se falsificó un informe médico para hacerle creer que Tiggy, de quien ella sospechaba que mantenía un romance con el príncipe Carlos, se había sometido a un aborto.
De forma paralela, Legge-Bourke decidió emprender acciones legales contra la compañía por difamación.
Este jueves por la mañana por fin recibió una disculpa formal de la BBC en los tribunales, que también se extendió a William, Harry y Carlos, en la que se reconoce que las acusaciones realizadas contra la mujer eran totalmente infundadas.
El director de la cadena ha anunciado que no se volverá a emitir ninguna reposición de la conversación que Diana mantuvo con el periodista Martin Bashir en su totalidad, aunque sí se utilizarán fragmentos sueltos en un futuro.
Sin embargo, una disculpa y una compensación económica cuya cuantía no se ha hecho pública no resultan suficiente para el hermano de Diana, que estuvo involucrado en su momento en las negociaciones entre la princesa y Bashir.
Charles Spencer reclama que se presenten cargos contra los involucrados en la producción del programa: "Aunque estoy encantado de ver que se ha hecho justicia para otra de las víctimas inocentes de este espantoso escándalo, me sorprende que aún no se hayan presentado cargos contra los responsables".
El problema es que la policía no considera que existan pruebas de que se produjera algún delito criminal tras examinar la conclusión de la investigación externa llevada a cabo por un juez retirado.
