No es poco común que esto suceda; los documentos que detallan la última voluntad de alrededor de 30 miembros de la familia real británica se encuentran en una caja fuerte a cargo de Sir Andrew McFarlane, juez de la Alta Corte y presidente de la División Familiar.
Entre ellos los de la reina Madre, la princesa Margarita y el rey Eduardo VIII, más no el de la princesa Diana, cuyo testamento es de dominio público, al igual que el de el resto de los ciudadanos británicos.
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En septiembre, McFarlane dijo que el testamento permanecería ‘blindado’ por 90 años como mínimo, considerando este periodo "proporcionado y suficiente". Esto se definió durante una audiencia en la que sólo estuvieron presentes el abogado del príncipe Felipe, los asesores legales de la reina Isabel II, el procurador general y el asesor del gobierno.
No se le avisó a los medios cuándo o dónde se llevaría a cabo dicha audiencia, ya que el interés público fue representado por el procurador general".
Sin embargo, el diario The Guardian no quedó conforme e iinició un proceso de apelación en contra de la decisión de la Alta Corte ya que "impedir a los medios estar presentes en la audiencia sobre el testamento del duque de Edimburgo, sin informar a la prensa o permitirle enviar representantes, es una amenaza clara a los principios de la justicia abierta".
Hoy, el resultado de dicha apelación salió a la luz. Los jueces la rechazan al señalar que "la audiencia se llevó a cabo en privado por circunstancias 'excepcionales'", según reporta la BBC.
