¿Quién es Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna que debe millones a México?

Hoy su nombre está bajo los reflectores debido, precisamente al caso García Luna. Una corte de Miami-Dade ordenó en mayo de 2025 que pague 1,740 millones 25 mil 540 dólares al Gobierno de México, después de determinar que recibió 580 millones de dólares relacionados con una red de contratos públicos. En septiembre de 2026, México solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.

La cifra de 1,740 millones de dólares no fue el monto original de la demanda. México reclamó inicialmente 580 millones de dólares contra Pereyra y la jueza Lisa Walsh triplicó esa cantidad conforme a la legislación de Florida. En el mismo proceso, García Luna fue condenado a pagar 748 millones 829 mil 676 dólares.

¿Quién es Linda Cristina Pereyra?

Pereyra es originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, y estudió Derecho. Ella y Genaro García Luna se conocieron en 1989, cuando ambos trabajaban en el Cisen y cursaban sus estudios universitarios.

Él estudiaba Ingeniería Mecánica en la UAM; ella continuó su formación profesional mientras trabajaba en la institución. Pereyra obtuvo finalmente su título como licenciada en Derecho en 2018.

La propia Pereyra describió aquella primera etapa como una época de esfuerzo económico compartido. Durante su testimonio en el juicio de García Luna en Nueva York, en febrero de 2023, aseguró que ambos trabajaban y estudiaban al mismo tiempo y que se apoyaron para terminar sus carreras.

La pareja se casó en 1995. Un año antes, en 1994, habían comprado su primer departamento en Xochimilco, según el relato que Pereyra ofreció ante el jurado estadounidense. Juntos tuvieron dos hijos, Genaro y Luna Sofía.

Linda Cristina Pereyra: de pareja de García Luna a empresaria

Después de dejar el Cisen, Pereyra comenzó a desarrollar pequeños negocios. Durante el juicio de su marido explicó que tuvo una papelería y posteriormente participó en otros proyectos comerciales.

Uno de los negocios que adquirió mayor relevancia fue Los Cedros, una cafetería y restaurante ubicada en el sur de la Ciudad de México. Pereyra aparecía como propietaria y registró la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en 2007. El negocio también tuvo una sucursal en Cuernavaca.

En su declaración ante la corte de Brooklyn, Pereyra presentó estos negocios y las operaciones inmobiliarias de la familia como parte de la explicación de cómo habían construido su patrimonio.

Según su versión, las propiedades fueron adquiridas mediante créditos hipotecarios, préstamos, ahorros y los ingresos que García Luna obtuvo durante su carrera en el servicio público. También explicó que algunos bienes se compraron y posteriormente se vendieron para financiar nuevas adquisiciones.

La explicación fue relevante porque la Fiscalía estadounidense había presentado propiedades, vehículos y otros bienes como parte de las evidencias relacionadas con la riqueza de García Luna.

Los Cedros, el negocio familiar de los García Luna que terminó bajo la lupa

Los Cedros adquirió una dimensión distinta cuando las autoridades mexicanas comenzaron a investigar la red financiera asociada con García Luna.

La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó la empresa entre las compañías relacionadas con el entramado que investigaba alrededor del exsecretario de Seguridad Pública. El negocio operaba a nombre de Pereyra, quien también aparecía como titular de la marca.

En 2010, además, la familia obtuvo una condonación fiscal por alrededor de 4.7 millones de pesos, un dato que posteriormente fue incorporado al debate público sobre el crecimiento patrimonial del matrimonio.

Pereyra defendió durante el juicio la legalidad de sus ingresos y de los bienes familiares. Esa fue también la línea central de su participación como testigo de la defensa.

¿Qué dijo Linda Cristina Pereyra en el juicio de García Luna?

Pereyra fue la única testigo que presentó la defensa de García Luna durante el juicio penal celebrado en Brooklyn en 2023.

Durante su declaración explicó el origen de varias propiedades y vehículos. Habló de créditos hipotecarios, ahorros, ingresos familiares y bonos que García Luna recibió durante su carrera profesional. También explicó la compra de dos motocicletas Harley-Davidson y vehículos de colección que pertenecían al matrimonio.

Su aparición en el tribunal ofreció además una imagen distinta de García Luna. La de un esposo y padre de familia que había compartido con ella décadas de vida.

Pereyra estuvo presente durante buena parte del juicio y tuvo varios intercambios a distancia con García Luna desde la sala. En una de las audiencias, él le hizo un gesto y le dijo que la amaba.

Pero el testimonio no cambió el resultado del proceso. El 21 de febrero de 2023, un jurado estadounidense declaró culpable a García Luna de los cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. En octubre de 2024 recibió una condena de más de 38 años de prisión.

Los 30 contratos que están detrás de los millones

El origen de la actual condena civil contra Linda Cristina Pereyra está en una red de contratos celebrados durante varios años.

De acuerdo con la información presentada por la UIF, entre 2009 y 2018 se celebraron 30 contratos con instituciones de seguridad del Gobierno mexicano, entre ellas la Policía Federal, el Cisen y el sistema penitenciario. El monto señalado por la UIF fue de 625 millones 188 mil 677 dólares, además de 93 millones 866 mil 666 pesos.

Una investigación de El País había documentado que la demanda civil enlistaba 30 contratos otorgados entre 2009 y 2018 a empresas vinculadas con García Luna y sus asociados. Según la acusación mexicana, los recursos terminaron circulando por cuentas y compañías en jurisdicciones como Barbados, Israel y Estados Unidos.

La tesis del Gobierno mexicano sostiene que parte de ese dinero fue desviado mediante empresas relacionadas con la red de García Luna y posteriormente utilizado para adquirir propiedades y otros activos en Estados Unidos.

La propia UIF señaló desde 2023 que Pereyra estaba denunciada ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que formaba parte de la investigación financiera relacionada con García Luna.

¿Por qué Linda Cristina Pereyra debe 1,740 millones de dólares?

En septiembre de 2021, el Gobierno de México presentó en Florida una demanda civil contra García Luna, Pereyra y distintas personas y empresas vinculadas con la estructura financiera investigada. El objetivo era recuperar recursos que México consideraba provenientes de contratos obtenidos de manera ilícita.

En el caso de Pereyra, México reclamó inicialmente 580 millones de dólares.

El 22 de mayo de 2025, la jueza Lisa Walsh, de la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial para Miami-Dade, dictó sentencia definitiva. A Pereyra le impuso 1,740,025,540.20 dólares; a García Luna, 748,829,676 dólares.

La propia UIF explicó que la legislación de Florida permitió triplicar las cantidades reclamadas originalmente.

El proceso civil también produjo recuperaciones de activos. En octubre de 2023, la jueza ordenó entregar a México bienes relacionados con Delta Integrator LLC por un valor total aproximado de 2.52 millones de dólares, entre inmuebles vendidos y un departamento en Miami.

¿Dónde está la esposa de García Luna?

Linda Cristina Pereyra permanece en Estados Unidos y enfrenta un nuevo frente judicial en México.

El 4 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República solicitó formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Pereyra. La petición se relaciona con una investigación mexicana por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La solicitud no significa que Pereyra haya sido extraditada ni que el procedimiento haya concluido. Las autoridades estadounidenses deben analizar la petición dentro del proceso correspondiente.

El antecedente ya existe. En julio de 2023, Interpol emitió una ficha roja contra Pereyra y otros familiares de García Luna a solicitud de la FGR. EL PAÍS reportó entonces que la investigación mexicana estaba relacionada con una red de corrupción y enriquecimiento ilícito vinculada con contratos públicos.