Sting pide más diálogo sobre hidroeléctrica

El cantante británico Sting se encontró el domingo con dirigentes indígenas brasileños para alertar acerca de la construcción de una enorme represa hidroeléctrica sobre un río de la Amazonia donde viven poblaciones aborígenes. Sting, un activista por los derechos indígenas, pidió que los pobladores del río Xingu sean escuchados antes de construir el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, que sería la tercera mayor planta de su tipo en el mundo. "Este es un asunto brasileño, pero de todos los brasileños", expresó Sting en una conferencia de prensa en Sao Paulo, junto a los dirigentes indígenas de la etnia caiapó Raoni y Megaron Txucarramae. "Hay razones económicas para que sea construida y hay razones ambientales para que no sea construida. El pueblo de Raoni necesita ser parte de este proceso", expresó el ex vocalista del grupo The Police. Sting se había encontrado en 1989 con Raoni en el estado amazónico de Pará en el Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas del Xingu, que llevó al cantante a crear la Rainforest Foundation, que luchó por el reconocimiento de tierras indígenas. Los dirigentes indígenas reclamaron en la conferencia que no se ha tomado en cuenta su criterio en el proyecto Belo Monte. "El gobierno no conversó con el indio, el indio no sabe lo que es una audiencia pública" sobre Belo Monte, reclamó Txucarramae. El proyecto, que aguarda licencia ambiental para ir a licitación, ha sido cuestionado por pobladores del río Xingu, activistas y expertos que consideran que tendrá consecuencias ambientales y sociales demasiado altas para justificar la inversión millonaria que requerirá. Un panel de 40 especialistas alertó en octubre que la represa tendrá un impacto ambiental devastador, al desviar 80% de las aguas del río, y obligará a desplazar a pobladores de sus tierras ancestrales. La planta tendría una capacidad instalada de 11,231 megavatios por mes, aunque los expertos alertaron que sólo generaría mil megavatios durante la temporada seca de la Amazonia, que se extiende de junio a setiembre. Su informe advierte que más de 40 mil pobladores se verán afectados por la pérdida de pesca y vías de navegación, y por el desplazamiento desde sus lugares de residencia, por encima de los 19.000 previstos por el gobierno.