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Urdangarin tendrá que pagar fianza millonaria

Un juez español impuso una fianza de responsabilidad civil de casi 11 millones de dólares, pero Iñaki no será el único que tendrá que pagar, su ex socio Torres también fue imputado.
mié 30 enero 2013 09:10 AM
Un juez español impuso una fianza de responsabilidad civil de casi 11 millones de dólares, pero Iñaki no será el único que tendrá que pagar, su ex socio Torres también fue imputado.
Iñaki Urdangarin Un juez español impuso una fianza de responsabilidad civil de casi 11 millones de dólares, pero Iñaki no será el único que tendrá que pagar, su ex socio Torres también fue imputado. (Foto: Getty Images)

El juez que lleva el caso de corrupción en el que está imputado Iñaki Urdangarin, yerno del Rey de España, impuso este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 8.1 millones de euros (casi 11 millones de dólares) a éste y a su ex socio Diego Torres, también imputado.

La fianza busca cubrir las posibles responsabilidades que puedan declararse en la investigación del desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que presidió Urdangarin, casado con la hija menor del Rey, la infanta Cristina. El magistrado, José Castro, les dio un plazo de cinco días para el pago de la fianza.

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La cifra se ajusta a la que habían solicitado tanto la Fiscalía española como la acusación popular, que ejerce un sindicato llamado Manos Limpias.

Según el auto, el juez dice a los dos principales imputados que si no prestan la fianza "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios".

El juez señala las participaciones de las que sean titulares Urdangarin y Torres en distintas entidades, como Nóos Consultoría Estratégica S.L., o la inmobiliaria Aizoon S.L. -propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina- "y cualquiera otra en cuyo capital social participen".

El juez admite que la fianza sea prestada "en cualquiera de las formas admitidas en derecho", y dada su cuantía elevada, les amplía el plazo de presentarla a cinco días hábiles a contar "desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución", que, no obstante, puede ser recurrida en reforma y apelación.

El delito fiscal es el quinto por el que están imputados Urdangarin y Torres en esta causa, y se añade a los de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.

En este caso se investiga el supuesto desvío de unos 6.1 millones de euros procedentes de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.

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