La familia de Letizia, a la corte

Algunos familiares de la reina de España, entre ellos su padre y su abuela, son acusados de insolvencia punible y alzamiento de bienes.
Algunos familiares de la reina de España, entre ellos su padre y su abuela, son acusados de insolvencia punible y alzamiento de bienes.
 Algunos familiares de la reina de España, entre ellos su padre y su abuela, son acusados de insolvencia punible y alzamiento de bienes.  (Foto: Getty Images)

La realeza española se ve una vez más involucrada, aunque no directamente, en problemas con la ley. Al parecer, los familiares de la reina de España, Menchu Álvarez del Valle, Henar Ortiz y Jesús Ortiz –abuela, tía y padre- se enfrentan a una posible pena de dos años y seis meses de cárcel y una multa de 10 euros diarios durante 16 meses.

De acuerdo con medios locales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís decretó el juicio contra el padre de Letizia, Jesús Ortiz Álvarez, la hermana de éste Henar, y la madre de ambos, María del Carmen Álvarez, en una causa judicial que se inició en 2009.

El procedimiento inició cuando Sandra Ruiz, proveedora de la tienda que tenía la tía de doña Letizia, le pidió que le pagara los 22,600 euros que le debía por unas joyas (comprobados por medio de unos pagarés). Se dice que la tía de Letizia no podía pagar la cuenta y se declaró insolvente. Tras la muerte de su padre, heredó una propiedad en Sardéu, por lo tanto la demandante decidió reclamar lo que le correspondía.

En ese momento tanto Henar Ortiz como el padre de Letizia decidieron ceder parte de su propiedad a su madre, Menchu Álvarez del Valle para evitar pagar la deuda. En julio de 2013, Henar recibió aliviada la noticia de que se había cerrado el caso pero 4 meses después se volvió a abrir. Los magistrados consideraron que la cesión de la propiedad supuestamente fue fraudulenta.

Debido a esto, la familia de la reinaLetizia deberá responder de nuevo ante un juez. La demandante pide dos años y seis meses de cárcel para los tres acusados. Además de la pena de cárcel y la multa a la que se enfrentan, también se solicita la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o apoderado de cualquier persona jurídica, así como para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure su condena.

Por lo pronto, la jueza instructora del caso ha requerido una fianza de 41.149 euros (más de 500 mil pesos).

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