Shakira compareció este jueves a través de una videoconferencia desde Miami ante el juez que la investiga por un presunto fraude fiscal de seis millones de euros en 2018.
La artista colombiana negó haber cometido algún delito y ha acusado a la Agencia Tributaria de ejercer una "presión" sobre ella para que aceptara su responsabilidad en otra causa anterior, en la que reconoció haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.
Según fuentes judiciales, la declaración de Shakira duró apenas media hora y ha sido grabada en vídeo y transcrita por orden judicial.
La cantante explicó que esta segunda causa fue un paso más en la estrategia de "presión" de Hacienda y recordó que, ya antes de que se le notificara la querella, depositó los seis millones que se le reclaman.
La cantante ha defendido que en 2018 no residió en España y que, por tanto, no debía tributar aquí por sus ingresos mundiales. Además, ha asegurado que no simuló la cesión de sus derechos a empresas instrumentales ni se dedujo gastos improcedentes, como sostiene la Fiscalía.
La intérprete afirmó que "ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional" y que "ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros, de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda Pública española".
Tras la declaración, la defensa de Shakira , que ejerce el penalista Pau Molins, solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que no hay indicios de delito. El juez deberá decidir si archiva la causa o la mantiene abierta.
Shakira ya aceptó en noviembre de 2023 una pena de tres años de cárcel por un fraude de 14,5 millones de euros cometido entre 2012 y 2014, cuando residió en España y no declaró sus impuestos.
La cantante evitó el juicio al pactar con la Fiscalía y la Agencia Tributaria el pago de una multa de 7,3 millones de euros que se suma a la cuota defraudada.
Shakira llegó a un acuerdo para evitar un mediático juicio por fraude fiscal, reconoció los hechos y se comprometió al pago de una multa. Este convenio incluye una condena total a tres años de prisión para la colombiana, que quedará suspendida a cambio del pago de una sanción de 432 mil euros por no haber pagado impuestos en España.
