En materia de seguridad, los resultados del año 2008 han sido poco alentadores para México. La incidencia de delitos violentos como consecuencia del combate del gobierno federal contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, ocupó los primeros lugares de atención nacional, implicando una creciente tensión social.
La corrupción es un fenómeno presente y de grandes dimensiones en nuestro país. Tomando un indicador global, México ocupó el lugar número 72 de 179 naciones enlistadas en 2008 por Transparencia Internacional, mediante su conocido Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual establece una calificación de 10 para la menor corrupción y 0 para la mayor corrupción.
Muchos fueron los casos que se escucharon en el ámbito laboral o familiar sobre hechos de inseguridad, como asaltos, secuestros, asesinatos o robos. Pero fueron dos casos los que especialmente captaron nuestra atención y que estremecieron al país.
Caso Fernando Martí
Fernando Martí Haik fue secuestrado, junto con su escolta y su chofer, el 4 de junio cuando se dirigía a su escuela, en Insurgentes Sur, donde fue interceptado por 10 hombres vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en un retén ilegal.
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El hijo del empresario Alejandro Martí fue retenido 57 días hasta que el 31 de julio apareció asesinado en la Villa Panamericana, dentro de la cajuela de un auto robado.
El día del secuestro, la Banda de la Flor contactó a la familia, y un hombre llamado Arturo encabezó las negociaciones. Exigían 3 millones de dólares. Alejandro Martí contrató una empresa para gestionar el rescate de su hijo.
Los negociadores ofrecieron una cantidad menor, fue entonces que se suspendió el contacto. Un día después, el 5 de junio, aparecieron muertos en la cajuela de un Corsa, el chofer Jorge Palma y el escolta Christian Salmones, en la colonia Centinela, en Coyoacán.
El 12 de junio, Alejandro Martí entregó 5 millones 135 mil pesos a los secuestradores, a la una de la tarde, a plena luz del día; los secuestradores prometieron comunicarse en la noche para decir dónde liberarían a Fernando, pero nunca lo hicieron.
Para esa fecha, el padre de Fernando retiró a la empresa encargada de negociar el rescate y avisó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Ante el silencio de los secuestradores, la familia de la víctima decidió publicar un desplegado el 25 de julio, que exigía: “¡Arturo: nosotros te cumplimos y no tenemos nada en tu contra.
Te pedimos que nos entregues a nuestro hijo!”. Sin embargo, la noche del 31 de julio fue encontrado Fernando, muerto por asfixia. Junto a él dejaron un crisantemo.
La PGJDF documentó que la banda que secuestró y asesinó a Fernando Martí Haik está integrada por policías de varias corporaciones del país, y que utilizan sus cargos para obtener información privilegiada y escoger a sus víctimas.
En noviembre, Miguel Ángel Mancera, procurador del Distrito Federal, aseguró que las investigaciones del secuestro y crimen del joven Fernando Martí, aún no concluyen.
El 8 de septiembre, el procurador General de Justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, anunció la detención de Sergio Humberto Ortiz Juárez, líder de la banda de “La Flor” y responsable del secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí.
Caso Silvia Vargas Escalera
Silvia Vargas Escalera fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007 cuando se dirigía de su casa, en el sur de la ciudad de México, al Colegio Alexander Bain en Las Águilas, y pese a que la familia llegó a un acuerdo con los plagiarios, éstos dejaron de comunicarse
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El 25 de agosto de este año, la familia convocó a los medios de comunicación para tratar de hallar información sobre Silvia y el 26 de noviembre su padre, Nelson Vargas, volvió a exponer ante la prensa su inconfomidad por la manera como se condujo la investigación.
Vargas dio a conocer que la banda de secuestradores conocida como Los Rojos fueron los autores del secuestro de su hija. Indicó que Oscar Ortiz González fue chofer de su familia, y pertenece a dicha organización delictiva y es hermano de Raúl Ortiz González, quien se fugó del hospital de Xoco el pasado 28 de septiembre.
El 26 de noviembre, el ex titular de la Conade explotó en contra de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal al asegurar que "no tenían madre" ante la falta de resultados en la investigación.
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el 11 de diciembre que el cadáver hallado una semana antes en una casa de la Delegación Tlalpan era el de Silvia Vargas Escalera.
Las pruebas de genética forense practicadas al cuerpo determinaron que los restos corresponden a los de la joven. La identificación del cadáver se dio siete días después de que fuera exhumado y a un año y tres meses de que la joven fuera secuestrada.
El cadáver fue enterrado clandestinamente en una casa ubicada en Bellavista 51, Colonia San Miguel Xicalco, de donde fue exhumado por peritos de la Procuraduría el 5 de diciembre pasado. La PGR indicó aque no revelará detalles de la averiguación para no entorpecerla.
Momentos después de darse a conocer el comunicado de la PGR, la familia Vargas Escalera emitió también un texto en el que agradece a la sociedad y a los medios de comunicación el apoyo para encontrar a su hija. "Hoy, sabemos que Silvia está con Dios.
Les pedimos rezar por ella y por todas aquellas personas que viven el mismo sufrimiento que nos embargó desde el 10 de septiembre del 2007", dice.
El último adiós para la joven fue el 13 de diciembre en las capillas Lorraine y Conte de Azur, en el Panteón Francés, en donde los asistentes asistieron vestidos de colores claros, en especial blanco, además de que se soltaron algunas palomas en honor a la fallecida y como símbolo de paz. "Un adiós en color blanco, como recuerdo de la alegría, pureza, paz e inocencia que siempre irradió Silvia", señaló la familia.
Un llamado a la paz
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El 30 de agosto de este año se llevó a cabo una vez más la marcha contra la violencia e inseguridad que con el nombre de “Iluminemos México”, en la que más de 100 mil personas caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo capitalino con un "¡Ya basta a la violencia y a la inseguridad!".
En aquel momento, la ola de violencia ligada al narcotráfico había dejado más de 2 mil 600 ejecutados, cifra superior a la de todo 2007.
El miedo, la indignación y el hartazgo fueron silenciados por el grito unísono de miles de mexicanos que marcharon contra la inseguridad, convencidos de que el País tiene esperanzas de vivir en paz.